Para la mayoría de las funerarias gallegas, parece algo impensable e imposible la importación a nuestra comunidad del fraude detectado en Valladolid, en el que daban el cambiazo masivo de ataúdes por otros más baratos en el momento de incinerar a los fallecidos.
Aquí, en el 99% de los casos la familia está presente en el momento de la cremación. Además en la mayoría de los crematorios gallegos hay un sala desde la que los familiares pueden ver cómo el ataúd entra al horno, y son pocos los que renuncian a acompañar a sus muertos en este paso por lo que cambiar la caja escogida resulta imposible sin que los parientes se den cuenta. A veces, es la propia funeraria la que obliga a que un familiar esté presente en ese momento.
El gasto en los ataúdes se ha moderado mucho en los últimos años, aunque no hay límite al precio máximo. La horquilla de precios se mueve entre los 700 y los 3.000 euros, y cuando se trata de una incineración, las familias suelen optar por modelos más básicos.
Pero a pesar de lo impensable de caso, en Galicia ya registró hace dos décadas la noticia de un supuesto fraude parecido. En el año 1998 un juzgado gallego investigó a tres funerarias de Pontevedra y Ourense, por presuntamente cambiar el féretro de más de 200 cadáveres durante el traslado desde la ciudad de fallecimiento (Vigo) a la localidad que acogía el entierro.
Según la denuncia, los parientes pagaban dos ataúdes y, por si fuera poco, uno de ellos volvía a ponerse a la venta. Además de valorar la supuesta estafa a las familias en 40 millones de pesetas, la Fiscalía también indagó la posible incursión en un delito contra la salud pública. Finalmente, tanto el fiscal como la Consellería de Sanidade archivaron el caso.
