El pasado 14 de julio se presentó la nueva campaña de la Xunta de Galicia en materia de prevención de incendios. En esta ocasión, dos son los lemas que representan la iniciativa este año: «Son cortalumes» y «Faite cortalumes».
La finalidad principal de la misma es concienciar a los gallegos sobre la importancia de la prevención en materia forestal, así como la toma de conciencia y la sensibilización social. Todo aquel que lo desee podrá obtener un diploma acreditativo y simbólico de «cortafuegos» a través de la página web de la campaña, para el que solo habrá que rellenar un formulario.
SER CORTALUMES é sinónimo de compromiso coa nosa terra e supón o recoñecemento de que todos os cidadáns temos nas nosas mans o poder de coidar e protexer a riqueza forestal de Galicia.
Tal y como señalan, en manos de los ciudadanos está poder gozar de los montes y de sus recursos, siempre con responsabilidad, así como alertar sobre posibles prácticas fraudulentas relacionadas con el fuego en estos espacios.
Política antiincendios
Todo ello viene en un mes marcado por la polémica. Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Rural dio a conocer la política antiincendios de la comunidad, que cuenta con un total de 10.500 hectáreas de cortafuegos repartidas. Además, en la actualidad, se cuenta con un total de 5.919 depósitos, con 412 nuevos puestos de agua disponibles. Actualmente, el operativo cuenta con 7.000 efectivos. El presupuesto para acciones silvícolas asciende a los 11’25 millones de euros.
Controversia sobre los trabajos forestales
Sin embargo, parte del sector forestal ya había mostrado su descontento días atrás, formando así un foro alternativo en aras de trabajar sobre los incendios forestales, el cual llevará por nombre Mesa de Traballo dos Lumes Forestais.
Cinco colectivos —Sindicato Labrego Galego, Amigos da Terra, Organización Galega de Comunidades de Montes, Federación Ecoloxista Galega y Frouma— presentaron su malestar ante la escasa participación social en el Plan de Defensa contra Incendios de Galicia —Pladiga—.
Cuestiones de controversia son el papel de los militares en los trabajos de extinción, la falta de personal, así como la escasa formación en prevención.
